En Paraguay, una democracia en liquidación

Para evitar un fracaso humillante, el ex presidente Carlos Menem, principal artífice del desastre que afecta a Argentina, ha renunciado a disputar la segunda vuelta de la elección presidencial, el 18 de mayo. Elegido únicamente con el 21,9% de los votos- aquellos que sitúan su nombre en primer lugar-, el peronista Néstor Kirchner gozará de una débil legitimidad. En Paraguay, con la victoria de Nicanor Duarte, el 27 de abril, el partido Colorado retiene un poder que detenta desde hace cincuenta y seis años- dictadura comprendida.

Con sus trece años de vida, la «democracia» paraguaya está sumida desde febrero de 2002 en un folletín político-judicial macabro y estrafalario. Cuando María Edith Debernardini, esposa de un rico empresario, llevaba desaparecida varias semanas, los investigadores de los servicios de policía judicial explicaron que fue víctima de activistas de un movimiento político de izquierda que optó por financiarse mediante secuestros. ¿Acaso las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no proceden de esa manera ?, agregan.

Fueron acusados dos “sospechosos”, Juan Arrom, miembro dirigente del movimiento Patria Libre (fundado en 1990) y Anuncio Martí, periodista y militante del mismo movimiento. Una vez así señalados, desaparecen. Tienen el perfil perfecto de los culpables prófugos. Sus familias y los medios que cubren el caso los encontrarán finalmente in extremis, presos y torturados en una residencia en las afueras de Asunción.

Las preguntas no tardan en aparecer: ¿por qué, antes de este epílogo, la policía hizo todo lo posible para impedir que las familias encontraran a las dos víctimas ? ¿Por qué el gobierno se empeña en convertir a Arrom y Martí en culpables, acusándolos de haber organizado su propio secuestro ? Extenuado, con las marcas de la tortura aún visibles en sus muñecas, Arrom daría su versión de los hechos. “Me detuvo la policía. Quisieron implicarme, junto a mi movimiento, en un secuestro, y hacerme confesar una conspiración imaginaria contra el gobierno, de la que formarían parte Patria Libre y todos los demás partidos de la oposición. En el fondo, este método es ‘stroessnerismo’ puro.»

El poder paraguayo es sorprendido así in fraganti : su naturaleza profundamente represiva, heredada de la época del dictador Alfredo Stroessner, sale a luz crudamente. Día a día se hace más evidente que los dos hombres fueron víctimas del aparato represivo del Estado.

En momentos en que el Cono Sur regresaba a la democracia, Paraguay pareció alinearse con sus vecinos : en 1989, Alfredo Stroessner, obligado a abandonar el poder luego de 35 años de reinado, deja tras de sí una de las dictaduras más negras y cruentas de la región. Por lo menos 150 000 personas habrían pasado por las cárceles de la dictadura y se estima entre 1000 y 3000 el número de muertos y desaparecidos en un país de 5,6 millones de habitantes (1). Un régimen salvaje, incluso para los dictadores vecinos que, por razones de seguridad, decidieron centralizar allí los archivos del Plan Cóndor (2).

Tras el alejamiento del viejo dictador, su propio partido (el Partido Colorado, en el poder desde 1947, antes incluso de la presidencia de Stroessner) permanece en la gestión pública. Desde entonces, la clase política prácticamente no se renovó. La corrupción y el clientelismo gangrenan todo el aparato del Estado : ¿acaso el Presidente de la República en ejercicio hasta el próximo 15 de agosto, Luis Ángel González Macchi, no es hijo del ex ministro de justicia y trabajo de la época de Stroessner ?

Debida en gran parte a las traiciones y otras perfidias que jalonan la trayectoria del Partido Colorado, la agitación política posterior a 1989 da testimonio de las deficiencias de la democratización. La figura del general Lino Oviedo (quien había participado, sin embargo, en la separación de Stroessner de su cargo) sobrevuela la vida política de los años ’90. Cuando en abril de 1990 este general intenta un golpe de estado contra Carlos Wasmosy, primer presidente electo en cincuenta años, Paraguay es fuertemente reprendido por sus vecinos y socios del Mercado Común del Sur (Mercosur) –Argentina, Brasil, Uruguay-, quienes le reprochan ser una amenaza para la democracia en la región. Esta nueva acusación termina de desacreditar a Paraguay –reino del contrabando y supermercado de armas- frente a la comunidad internacional.

El pulso entre Wasmosy y el general Oviedo se agrava cuando el segundo es condenado a diez años de prisión por haber fomentado el golpe de estado de 1996. Raúl Cubas, aliado político del potencial caudillo, es elegido Presidente de la República “en su lugar” y, en el ejercicio de su función, libera al general. Esta sombría y patética lucha por el poder en un país donde la pobreza afecta a 2 millones de habitantes (3) culminará con el asesinato de Luis María Argaña, vicepresidente de la República, aunque enemigo político de la pareja Cubas-Oviedo. Una revuelta ciudadana y democrática estalla entonces a fines de marzo de 1999.

En el transcurso del “marzo paraguayo”, que pasó casi desapercibido en la prensa internacional, miles de personas (entre ellas muchos jóvenes) reclaman la renuncia de Raúl Cubas. “Todos quisieron dar una nueva oportunidad a nuestro país”, recuerda Richard Ferreira, hoy periodista del diario Última Hora. Para muchos, la rebelión de una parte de la población contra el gobierno y su aparato de seguridad es un hecho social histórico, tal vez un acto fundacional de la nueva democracia. Como escribe el periodista: “Las noches que todos los manifestantes pasaron frente al Congreso para defender la libertad, la democracia, la patria, a riesgo de perder la vida, fue el gesto más importante de toda nuestra historia, porque la ciudadanía fue la protagonista principal.” Siete personas resultaron muertas. Si bien el presidente Cubas renuncia y Oviedo se exilia, la victoria resulta amarga y de corta duración. Convertido en presidente interino, González Macchi promete nuevas elecciones muy rápidamente. Elecciones que tendrán lugar el 27 de abril de 2003.

Pese a la revuelta de marzo de 1999, el régimen volvió rápidamente a sus antiguas prácticas: un conservadurismo agresivo en materia política y económica. Los desencantados del “marzo paraguayo”, miembros de la sociedad civil (jóvenes estudiantes, intelectuales, periodistas), militantes y sindicalistas, parecen ser el blanco de una ofensiva gubernamental destinada a reducirlos al silencio.

La discreción de Paraguay en la escena internacional enmascara pues una oscura realidad: una represión aceptada por una población acostumbrada a callar desde hace décadas. Juan Arrom, el militante torturado de Patria Libre, afirma que el gobierno le hizo pagar su activismo, en especial con los campesinos sin tierra, en un país donde el 90% de la superficie cultivable está en manos del 10% de la población (4). Para Arrom, la única forma de luchar contra lo que él denomina “el terrorismo de Estado” es “desmantelar el aparato represivo estatal, poner fin a la continuidad del sistema... De lo contrario, no hay verdadera democracia”.

La concentración del poder político en manos de unos pocos, sumada a la conservación de su patrimonio financiero y económico, no constituye un fenómeno nuevo en América Latina. Pero si la defensa de los intereses privados de los poderosos utiliza métodos heredados de otra época, un fenómeno nuevo se perfila en Paraguay: el contexto internacional de lucha contra el terrorismo provee nuevas armas ideológicas al poder establecido. Para Eduardo Oreja, secretario general de la Central Nacional del Trabajo (CNT), “Paraguay forma parte plenamente del ‘esquema 11 de setiembre’; el poder criminaliza a todos los movimientos de oposición vinculándolos a una internacional terrorista. Al fin y al cabo está de moda, y es tan sencillo...”

En efecto, el combate contra “el eje del mal” lanzado por Estados Unidos tiene una particular resonancia en este rincón del mundo. En la región denominada de las “Tres Fronteras” (las de Brasil, Paraguay y Argentina) residen muchos inmigrantes oriundos del Medio Oriente y especialmente una importante comunidad libanesa. Hace años que la CIA sospecha la implantación del Hezbollah en la región, especialmente a partir de los atentados perpetrados en 1992 y 1994 en Buenos Aires contra la embajada de Israel y la asociación mutual israelita AMIA. Después del 11 de setiembre de 2001, se estrechó la vigilancia en torno a Paraguay. Según Amnesty International, fueron detenidos diecisiete árabes residentes en la zona; todos salvo uno, que fue expulsado, fueron liberados, porque no se les pudo acusar de nada. En octubre de 2002, agentes del Departamento de Estado de Estados Unidos acudieron como refuerzo para dar cursos de “lucha antiterrorista” a los policías y militares paraguayos...

Paraguay está pues en la mira de Estados Unidos, pero esta presión antiterrorista le viene como anillo al dedo a un Partido Colorado que lucha contra una oposición molesta, aunque frágil. ¿Qué más fácil, para desacreditar a un movimiento rebelde, que tratarlo de subversivo y criminal, de terrorista, mediante una maliciosa reducción que, dada su insistente aplicación por George W. Bush, ya no asombra a nadie? A nivel continental, rápidamente se hace la amalgama con las FARC colombianas. Además, el secuestro en Brasil del publicista Washington Olivetto, aparentemente perpetrado por el movimiento de extrema izquierda chileno Frente Patriótico Manuel Rodríguez, lleva agua al molino del gobierno paraguayo.

Para los sindicalistas de la CNT (que agrupa a 80.000 miembros, 80% de ellos campesinos), la represión política, asimilada al antiterrorismo, se combina con la imposición, desde arriba, de un modelo neoliberal, que aniquila toda alternativa propuesta por los trabajadores. El desarrollo económico del país parece no obstante estancado: la industrialización está en sus comienzos y los precios de las materias primas procedentes de la agricultura (en particular el algodón) están sujetos al mercado. El número de desocupados ronda el 50% de la población y el ingreso medio anual por habitante es de 1550 dólares (mientras en el vecino país de Uruguay asciende a 5500 dólares anuales por habitante) (5).

El movimiento campesino, combativo y muy organizado, es la punta de lanza de las luchas sociales. Y lógicamente, la primera víctima del terrorismo de Estado al servicio de la defensa de los latifundios (cuyos intereses coinciden con los de la clase política en el poder). Para mantener ese statu quo, el arsenal va desde la limitación del derecho a huelga (dentro del marco legislativo) hasta la violencia lisa y llana. Por tal razón Eduardo Oreja celebró las repercusiones del caso Martí-Arrom: “Por fin se dan a conocer las prácticas del Estado. Hasta el momento, todo sucedía bajo cuerda; hay que saber que 72 campesinos militantes fueron asesinados desde 1989 y que se cree que otros 20 todavía están arbitrariamente presos”.

En 2002, los campesinos paraguayos movilizados volvieron a pagar caro su compromiso a favor de otro modelo económico. La batalla entablada en junio contra las privatizaciones reclamadas por los organismos financieros internacionales dejó como saldo numerosos muertos en las filas opositoras, alcanzados por disparos durante manifestaciones. Protestaban en especial contra la privatización de la compañía de telecomunicaciones Copaco y las irregularidades del procedimiento: un notario amigo del presidente Macchi recibió 500.000 dólares, mientras que todos los trabajos de notaría están legalmente a cargo de la administración gubernamental.

¿ Cuenta el pueblo paraguayo con los medios para reaccionar? Numerosas manifestaciones de apoyo a Arrom y Martí tuvieron lugar en Asunción luego de su liberación, pero nada que pueda compararse a una movilización general. El dificultoso acceso a la información y un temor aún perceptible (y justificado) a los servicios militares y policiales explican sin duda por qué los paraguayos prefieren decir que viven en un país “tranquilo”, lejos de la agitación que reina en los países vecinos y ocupa a menudo la primera plana de la prensa extranjera. El proceso de privatización está en suspenso, el caso sobre el secuestro de Arrom y Martí está “en curso” y el 11 de febrero el Senado rechazó un procedimiento de destitución que apuntaba a Macchi, blanco de múltiples acusaciones de corrupción (6). En los cafés de la capital, las conversaciones siguen interrumpiéndose si algún policía amaga entrar. En tales condiciones, ¿puede soprender la elección, el 27 de abril, de Nicanor Duarte, líder del inamovible Partido Colorado, en el poder desde hace... cincuenta y seis años?
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(c) Raphaële Bail (Periodista)
(c) Le Monde diplomatique-ed. española/ Junio 2004
http://www.monde-diplomatique.es/2003/06/bail.html

NOTAS:
(1)-No existen cifras oficiales sobre el “balance” de la dictadura. Las cifras citadas son las más verosímiles y toman en cuenta las distancias entre las distintas estimaciones.
(2)-Véase Pierre Abramovici, “ “’Opération Condor’, cauchemar de l’Amérique”, Le Monde diplomatique, 9-2001.
(3)-Resultados de una investigación basada en el informe 2002 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Última Hora, Asunción, 7-12-2002.
(4)-Comisión latinoamericana por los derechos y libertades de los trabajadores (www.cladehlt.org/nuestratierra)
(5)-Comisión ecónomica para América Latina (Cepal): www.eclac.org
(6)-González Macchi estaba acusado, entre otras cosas, de la desviación de 16 millones de dólares del Banco Central a una cuenta particular en Estados Unidos y de irregularidades en el intento de privatización de la compañía nacional de telecomunicaciones.